En noventa de los más de cuatrocientos grados que se imparten en las universidades catalanas se incluyen asignaturas de lo que se conoce como «perspectiva de género», una perspectiva tuerta como la de un palo parcialmente sumergido, porque el efecto resultante no es el de una realidad tangible como la del palo en remojo, sino una proyección análoga en el plano moral a la del fenómeno físico que refleja el agua. Las autoridades académicas celebran con orgullo esa desviación, que también deforma la óptica de los programas escolares, donde cada vez se dedican más horas a «cuestionar las masculinidades». Que la fuerza de convicción con que se impone la falsa perspectiva como si se tratara de una campaña de desratización no provoque en los ciudadanos la perplejidad que debería nos indica hasta qué punto vivimos en una sociedad acostumbrada a obedecer todos los desvaríos de los políticos a los que otorga la mayoría. Porque la perspectiva de género consiste en un conjunto de obsesiones paracientíficas no avaladas por ningún estudio riguroso, pero la imitación irreflexiva de modelos anglosajones, la necesidad que tienen los partidos políticos de vender sus productos, y los frutos económicos y profesionales que de ellos se recogen las hacen más poderosas que cualquier intento de racionalidad. Y no solo en la educación, donde las ayudas a la investigación y a la organización de congresos y másteres beneficia a miles de individuos; en el activismo político subvencionado o en la producción repetitiva hasta la náusea de genialidades artísticas protegidas por las administraciones, sino también en un periodismo ansioso de ofrecer reportajes en exclusiva a costa de la honestidad y que se ve aclamado por su valentía y su espíritu de servicio.

            El 4 de marzo me referí, en esta columna, al caso del dramaturgo Joan Ollé. Entonces aún no disponía de la información suficiente y advertí que mi comentario podía pecar por exceso o por defecto. Ahora, después de la resolución de la Diputación de Barcelona que investigó los hechos y de las revelaciones de algunos testigos que aseguran haber sido manipulados por los periodistas del diario Ara que dispararon el escándalo, ya puedo decir que pequé por defecto. Ollé ha sido declarado inocente de los delitos de abusos sexuales y psicológicos que se le imputaban. Los periodistas que le pusieron en la picota (del Ara y de El Nacional) incumplieron presuntamente —una presunción que no concedieron nunca a su víctima— siete artículos del Código Deontológico del Colegio de Periodistas. A diferencia de las acusaciones de las que fue objeto el dramaturgo, el veredicto de la Diputación no ha ocupado grandes titulares.

(Publicado en Quadern de El País, 12-12-2021)